Los números que explican la puja de los gobernadores con la Casa Rosada por el reparto de fondos

Los mandatarios provinciales buscan que el Senado apruebe el proyecto que prevé la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional y el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Cuánto dinero maneja cada una de esas cajas.

Este jueves, los gobernadores van a intentar que el Senado trate el proyecto que prevé la coparticipación de dos cajas clave: los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

El Gobierno salió fuerte al cruce de los gobernadores. El presidente Javier Milei los acusó de querer destruir al gobierno nacional.

Mientras, el ministro de Economía, Luis Caputo, le puso cifras al “daño” que harían esas leyes junto a la de aumento a jubilados y a la de financiamiento universitario. Según el funcionario, el costo fiscal de las medidas que buscará aprobar hoy el Senado asciende a 2,5% del PBI, lo que según Caputo pone en riesgo la meta de superávit de este año (de 1,6%).

Qué leyes quieren los gobernadores que trate el Senado

La propuesta de los mandatarios, que resaltan no pone en peligro el superávit, apunta a eliminar dos fondos fiduciarios -el sistema de Infraestructura de Transporte y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, ambos creados en 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa- y propone repartir entre Nación y provincias el excedente de los ATN.

Así busca impulsar el Fondo Argentino de Desarrollo Regional (FADER), destinado a reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales, y facilitar el crecimiento de las regiones menos desarrolladas.

“Pretendemos aportar una iniciativa que sume a la necesaria confluencia que preceda la sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos”, argumentaron los legisladores que firmaron el proyecto.

De este modo, la coparticipación sería del 10,40% para el Tesoro Nacional y del 28,69% para el sistema único de Seguridad Social, para atender las obligaciones del sistema previsional nacional. El 2,55% se destinaría a la compensación del transporte público. Y el mayor porcentaje, el 58,36%, iría para las provincias.

Según explicaron, no compromete el superávit fiscal porque se trata de recursos que les pertenecen y que están compartiendo con la administración central.

Qué son los ATN

Existen dos grandes vías a través de las cuales Nación le envía fondos a las provincias: por transferencias automáticas y no automáticas. Las primeras son aquellas que surgen de leyes que fijan un porcentaje sobre un impuesto nacional, mientras las no automáticas responden a criterios discrecionales y sirven para financiar compromisos diarios (gastos corrientes) o cubrir inversiones, obras o compras de bienes.

La integración financiera de los ATN se constituye con el equivalente al 1% de la masa coparticipable prevista por la Ley 23.548 (de 1988), con el 2% de la recaudación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y con el 1% del 90% de lo recaudado por el Impuesto a los Bienes Personales.

Destinados a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, es el Ministerio del Interior el encargado de su asignación.

El presupuesto total de ATN para este 2025 es de $278.232.889.623. Sin embargo, según el último dato disponible, se entregó solo el 30%, que equivale a $84.000.000.000.

• Chubut: $7.000.000.000
• Mendoza: $3.000.000.000
• Río Negro: $5.000.000.000
• Neuquén: $7.000.000.000
• Misiones: $3.000.000.000
• Buenos Aires: $10.000.000.000
• Neuquén: $4.000.000.000
• San Juan: $4.000.000.000
• Santa Fe: $4.000.000.000
• Salta: $6.000.000.000
• Chaco: $2.500.000.000
• Neuquén: $4.000.000.000
• Tucumán: $5.000.000.000
• Santa Cruz: $4.500.000.000
• Entre Ríos: $3.000.000.000
• Salta: $3.500.000.000
• Santa Fe: $5.000.000.000
• Catamarca: $5.000.000.000

Qué es el Impuesto a los Combustibles

El ICL es un impuesto fijo por litro de nafta y gasoil, establecido en la Ley 23.966(1998). A este se suma el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que debería ajustarse cada trimestre según el IPC oficial. Sin embargo, desde 2021 hasta principios de 2024 estuvo congelado, como una medida para contener la inflación en los surtidores. En 2025, el Gobierno retomó la actualización, pero de forma escalonada: primero con ajustes parciales, y luego aplicando la totalidad de los montos adeudados con una serie de decretos.

De acuerdo con la Ley 23.966, los recursos se distribuyen de esta manera al Tesoro Nacional (10,40%); Fondo Nacional de la Vivienda (15,07%); Provincias (10,40%); Sistema Único de Seguridad Social (28,69%); Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (4,31%); Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (28,58%) y Compensación Transporte Público (2,55%).

En cuanto al 10,40% destinado a las provincias, un 60% de esos fondos debe transferirse a los organismos viales de cada provincia conforme a los porcentajes de distribución obtenidos de los índices de coparticipación que fije anualmente el Consejo Vial Federal.

Estos montos se destinan al pago de determinados subsidios al Transporte Público Automotor de Pasajeros, abarcando tanto el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como el interior del país, y los costos de explotación de las líneas ferroviarias, como Urquiza y Belgrano Sur.

También se utilizan para el pago de certificados de obras viales, de acuerdo con las presentaciones y certificaciones realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): esto incluye proyectos, obras y mantenimiento de infraestructura vial.

En los primeros seis meses de 2025, la recaudación del ICL según el ARCA fue de $2.008.902 millones, esto es 169,8% más que el año anterior. Asimismo, solo en junio se recaudaron $395.945 millones, un 81% más que en junio del año pasado.