Avanza un proyecto de ley contra Shein y Temu para frenar la ola de importaciones chinas en la Argentina

La propuesta, inspirada en la normativa que ya rige en Francia, apunta a equilibrar la competencia, proteger empleos y garantizar controles ambientales y sanitarios sobre las prendas que ingresan al país.

Las cámaras de indumentaria de Argentina, Brasil y México trabajan en conjunto en un proyecto de ley para ponerle un freno al avance de Shein y Temu, las plataformas de moda ultra barata que en los últimos años coparon el mercado regional

La propuesta, inspirada en la normativa que ya rige en Francia, apunta a equilibrar la competencia, proteger empleos y garantizar controles ambientales y sanitarios sobre las prendas que ingresan a estos países desde China.

El planteo de los industriales es claro: que la ropa fabricada en el gigante asiático cumpla con las mismas exigencias que se le imponen hoy a la producción local.

Desde la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) advierten que el sector pierde alrededor de 1500 puestos de trabajo mensuales y que, según datos de ProTejer, más de la mitad de las fábricas vendieron menos en el segundo trimestre de 2025, con una baja promedio del 7%.

Si se amplía la mirada a los últimos dos años, 8 de cada 10 compañías sufrieron una caída del 30% en su facturación.

Más allá del precio: el riesgo ambiental y sanitario de la ropa china

El borrador de la iniciativa contempla que las prendas importadas atraviesen un proceso de verificación a cargo de la ANMAT, que certifique la ausencia de sustancias tóxicas y prácticas contaminantes en su confección.

El antecedente no es menor: un informe del Gobierno Metropolitano de Seúl reveló que parte de la ropa infantil de estas plataformas superaba hasta en 600 veces los límites legales de cadmio y plomo.

Además, los fabricantes locales señalan que Shein y Temu aplican precios de dumping, es decirque venden un producto en otro país a un precio artificialmente bajo —a veces por debajo del costo— para ganar ese mercado y desplazar a la competencia local.

En rigor, el proyecto de ley implicaría que, superada la etapa de control ambiental, las prendas quedarían alcanzadas por aranceles e impuestos internos como IVA e Ingresos Brutos.

El espejo francés y el respaldo en el Congreso

El modelo a seguir es la normativa aprobada en Francia, que introdujo un impuesto ecológico progresivo al ultra fast fashion: 5 euros por prenda, que se duplicará en 2030. También se prohibió la publicidad y se impuso la obligación de detallar el impacto ambiental en las etiquetas.

Claudio Drescher, presidente de la CIAI, aseguró que existe diálogo permanente con los industriales de Brasil y México para avanzar de manera coordinada. “Soy optimista porque veo un consenso creciente. Ningún país entrega su mercado interno sin reaccionar, y en Europa ya hay medidas concretas”, señaló.

En el Congreso argentino, la propuesta suma respaldo de distintos bloques. Dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Martín Lousteau ya manifestaron su interés en avanzar con una regulación que proteja la industria nacional. “El fenómeno chino es una máquina que destruye todo”, advirtió Pichetto.

Leonardo Park, economista e investigador de Fundar, analizó el contexto en el que surge la iniciativa: “La Ley ‘Anti-Shein’ aparece en un escenario de apertura comercial. El Gobierno eliminó licencias no automáticas de importación, flexibilizó reglamentos técnicos y quitó la declaración jurada de composición de producto».

Asimismo, el economista explicó que el Gobierno “redujo los aranceles de ropa y calzado del 35% al 20%, niveles similares a los de 2007. Con un tipo de cambio real bajo, el incentivo a comprar afuera es aún mayor. La industria textil-indumentaria es uno de los sectores más expuestos”.

La discusión no es exclusiva de la región. El Parlamento Europeo analiza aplicar un arancel de dos euros a cada compra en plataformas de bajo costo, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, acusó a China de inundar los mercados internacionales con un “exceso de capacidad subsidiada”.