Misterio sin resolver: reactivan la búsqueda de una familia 23 años después

El hecho ocurrió en Entre Ríos. Se trata de un matrimonio y sus cuatro hijos desaparecidos en enero de 2002.

Después de 23 años de incertidumbre, la causa por la desaparición de la familia Gill en Entre Ríos vuelve a cobrar impulso con la designación del abogado Marcos Rodríguez Allende para representar a los familiares de Margarita Gallegos (26), esposa del peón rural Rubén «Mencho» Gill (56) y madre de sus cuatro hijos, quienes desaparecieron misteriosamente en enero de 2002. El letrado promete una «nueva perspectiva» para un caso que sigue siendo un enigma para toda la sociedad entrerriana.

La familia Gill fue vista por última vez el 13 de enero de 2002 en La Candelaria, el campo de 500 hectáreas ubicado en el pueblo de Crucecita Séptima (departamento de Nogoyá), donde vivían y trabajaban. Rodríguez Allende está convencido de que la familia nunca abandonó ese lugar y que fue víctima de un «grave delito».

El abogado apunta directamente al propietario del campo, Alfonso Goette, quien falleció en un accidente de tránsito en 2016. Aunque nunca fue imputado, testigos recientes y averiguaciones judiciales refuerzan la hipótesis de su implicación. Goette había negado cualquier conocimiento sobre el paradero de la familia y, sospechosamente, denunció su desaparición tres meses después. La familia de Gill, por su parte, no creyó su versión, ya que la vivienda no mostraba signos de una partida planificada, y Margarita Gallegos había dejado sueldos sin cobrar en la escuela donde trabajaba.

Expediente voluminoso

Rodríguez Allende fue crítico con los primeros pasos de la investigación, que a su juicio, «entorpecieron la verdad de los acontecimientos» al seguir diversas hipótesis que resultaron ser infundadas. La primera medida que tomará como querella será una revisión exhaustiva del expediente, que consta de 18 voluminosos tomos, y solicitará la colaboración de Nación y provincia para las diligencias en el campo.

El Ministerio de Seguridad Nacional mantiene activa una recompensa de un millón y medio de pesos por el paradero e información fehaciente de cada miembro de la familia, sumando un total de doce millones por todos. Tras la muerte de Goette, surgieron nuevos testigos. En 2017, uno de ellos declaró haber visto a Gill cavando pozos en el campo a pedido del dueño, poco antes de su desaparición. Sin embargo, los allanamientos en la zona marcada por el testigo no arrojaron resultados positivos hasta el momento.

La madre de Margarita Gallegos, María Adelia Gallegos, ha insistido durante años en que es un «error buscarlos vivos, porque ellos ya están muertos y enterrados», y ha clamado por que la búsqueda se concentre en el campo de Alfonso Goette. El fiscal Federico Uriburu describió a Goette como «una persona de temperamento muy fuerte y era muy temido», lo que podría haber intimidado a posibles testigos. A 23 años de la tragedia, la esperanza de encontrar respuestas se renueva con esta reactivación judicial.