El Gobierno oficializó la reestructuración en la Procuración del Tesoro, tras la sospecha por la filtración

Lo hizo con un decreto, publicado en el Boletín Oficial. Argumentó que con los cambios en el organismo se reducirán costos y mejorará la formación de los abogados del Estado. En la previa, la institución echó a 60 personas.

El Gobierno oficializó la reestructuración en la Procuración del Tesoro, luego de echar a 60 personas por la sospecha de que filtraron información de YPF a los demandantes en el juicio por la expropiación.

La Procuración del Tesoro habló de un “recorte histórico de personal y una drástica reducción de áreas técnicas” con las que dijo que “busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.

El decreto 475, publicado en el Boletín Oficial, argumentó que con los cambios en el organismo se reducirán costos y mejorará la formación de los abogados del Estado. Fue firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Además, dispuso la eliminación de la Escuela para abogados estatales, que tenía como objetivo “ser el organismo de capacitación y perfeccionamiento técnico específico de los profesionales que desarrollen su carrera administrativa en el Cuerpo de Abogados del Estado”.

“A pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación, la citada Escuela enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución”, planteó el decreto.

En ese sentido, planteó que los cambios se “optimizarán recursos, evitando el sostenimiento de una estructura burocrática innecesaria, lo que permitirá reducir costos y mejorar la calidad de la formación y actualización profesional de los abogados del Estado”.

El decreto aclaró que “los programas de capacitación en curso al momento de la entrada en vigencia del presente decreto continuarán hasta su finalización bajo la supervisión de la Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP)”, que garantizarán “la certificación de los estudios cursados”.

Además, se determinó que la CEFAP será “el organismo competente para entender en la selección de los integrantes del Cuerpo de abogados del Estado que soliciten becas para cursos de perfeccionamiento que ella administre. Será responsable de la difusión pública de las becas ofrecidas, evaluará las condiciones de los candidatos y elevará las propuestas pertinentes al Procurador del Tesoro de la Nación, quien resolverá sobre el particular”.

El decreto indicó que “por razones de gestión resulta indispensable aprobar una nueva estructura organizativa» de la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, “con el fin de fortalecer su capacidad operativa y dotarla de mayor agilidad y dinamismo en el cumplimiento de sus funciones».