La Justicia revisará la detención domiciliaria de CFK, el uso de la tobillera y el régimen de visitas

La defensa de la expresidenta cuestiona la decisión del TOF2 de limitar el acceso al domicilio sólo para su familia, abogados y médicos. Además, reclaman que le quiten el dispositivo de control.

Desde el mediodía el máximo tribunal penal analiza las restricciones de las visitas a la expresidenta Cristina Kirchner en el departamento de Constitución en el que cumple prisión domiciliaria por la condena por la causa Vialidad. La defensa de la expresidenta cuestiona la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de limitar el acceso a la propiedad solo para la familia de la expresidenta, abogados y médicos, sin necesidad de requerir un permiso a la Justicia. Además, reclaman que le quiten la tobillera electrónica.

La audiencia la fijó la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, liderada por Mariano Borinsky, e integrada además por Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Los magistrados analizarán las presentaciones de la defensa de la expresidenta contra las restricciones a sus visitas durante el arresto domiciliario en San José 1111, además de la apelación de los fiscales a la domiciliaria a la exmandataria. Luego tendrán cinco días para resolver.

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, argumentaron que los jueces del TOF 2 omitieron que la expresidenta tiene que reunirse con frecuencia con los profesionales contables que la asisten, al igual que los apoderados que se encargan de las cuestiones administrativas que se deben desarrollar en forma diaria en su nombre.

Para los defensores la regla impuesta por el tribunal resulta incompatible con el derecho a la vida familiar y social de su representada. Por este motivo también impugnaron la colocación de una tobillera electrónica para garantizar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

Los detalles de la apelación de los fiscales a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Mientras que los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron el arresto domiciliario de la expresidenta por la condena a seis años de prisión por la causa Vialidad y pidieron que vaya a una cárcel. Argumentaron que la domiciliaria “es un privilegio” y que “hay falta de igualdad ante la ley”. La Cámara federal de Casación Penal decidirá sobre esta presentación.

Los fiscales plantearon: “Este Ministerio Público, como titular de la acción pública, tiene un interés en que las penas dictadas por su impulso en casos graves de corrupción pública se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios establecidos al efecto. Además, cabe agregar que existe un gravamen concreto y actual que bien puede considerarse de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior”.

Luciani y Mola consideraron que “no se verifican las causales” de la prisión domiciliaria de la expresidenta, medida que la dirigente cumple en su departamento en Constitución: “Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”.

Mencionaron que “a partir del análisis de las constancias agregadas al expediente y de la presentación analizada” determinaron que “no se advertían las razones humanitarias que justificaran conceder una medida excepcional como lo es la prisión domiciliaria”. Explicaron que “no se encontraban configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad” les permitieran “inferir que el encierro carcelario podía afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.

Indicaron, además, que en el informe socioambiental del 12 de junio pasado consignaron que la expresidenta dijo que estaba “en un buen estado de salud general” y que con esa información entendieron que “la defensa no había demostrado -ni se advertía- que la privación de libertad en el establecimiento carcelario supusiera, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal” de la dirigente.