Milei cedió un contrato millonario a los Menem: se quedan con $4000 millones del Banco Nación

Una empresa de seguridad privada directamente ligada a la familia Menem, Tech Security SRL, consiguió una jugosa licitación de casi $4000 millones (unos 3.1 millones de dólares al cambio oficial) con el Banco Nación.

Una empresa de seguridad privada directamente ligada a la familia Menem, Tech Security SRL, consiguió una jugosa licitación de casi $4000 millones (unos 3.1 millones de dólares al cambio oficial) con el Banco Nación.

Lo llamativo de la adjudicación, preadjudicada el 17 de julio de 2025, radica en que Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, fue accionista de la firma hasta apenas cuatro días antes de la asunción de Javier Milei como presidente.

Según el Boletín Oficial, Tech Security SRL se hizo con el contrato para proveer vigilancia a la Casa Central del Banco Nación y a otros cuatro grandes edificios de la entidad por un período de dos años, renovable por 12 meses. Esta operación se concreta mientras la figura de Martín Menem y su primo «Lule» Menem cobra cada vez más peso en el armado político de La Libertad Avanza, controlando la «lapicera» para la confección de listas legislativas nacionales.

El enroque accionario

Los registros oficiales revelan que Tech Security fue fundada en 2005, y la familia Menem comenzó a incorporarse como socia en 2014. Antes del recambio presidencial, la empresa tenía como accionistas a Martín Menem, sus hermanos Adrián y Fernando («Tato»), y Pablo Ariel Vázquez. Sin embargo, en un movimiento estratégico ocurrido el 6 de diciembre de 2023, justo antes de asumir su cargo clave en Diputados, Martín Menem cedió sus acciones en Tech Security a su hermano mayor, Adrián.

Desde el entorno de Martín Menem, la respuesta a la consulta de LA NACION fue escueta: se limitaron a señalar que el titular de Diputados «no forma parte de la compañía desde antes de asumir» en la Cámara baja, esquivando cualquier comentario sobre la multimillonaria contratación. Esta falta de explicaciones profundiza el interrogante sobre la «puerta giratoria» entre el sector privado y el público, especialmente cuando las empresas ligadas a funcionarios obtienen contratos estatales tan significativos.

Un negocio familiar

Tech Security SRL no es una empresa novata en el rubro. Con 19 años de trayectoria y 500 empleados, se especializa en servicios de seguridad para eventos masivos, barrios privados, colegios y empresas. Su principal negocio, sin embargo, se consolida en el mundo del fútbol, con convenios históricos con el predio de la AFA en Ezeiza, Racing y River Plate. Curiosamente, prestó servicios en el Monumental durante la presidencia de Rodolfo D’Onofrio, actual pareja de Zulemita Menem.

La empresa también ha tenido contratos con importantes entidades públicas en el pasado, como Belgrano Cargas, la Biblioteca Nacional y la municipalidad de Vicente López. Además, se supo que durante la gestión anterior, trabajó para la Secretaría de Cultura en algunos museos nacionales, aunque ese contrato no fue renovado por la actual administración. Sin embargo, el Hospital Universitario Fundación Favaloro sí renovó un contrato por $1.312 millones a Tech Security SRL por seis meses de servicios.

La injerencia de los Menem no se limita a Tech Security en el ámbito de la seguridad. La familia riojana también tiene injerencia en Nación Seguros, una de las principales unidades de negocios de la banca estatal, comandada por Alfonso Torres.

Otros negocios de Martín

Más allá de su desvinculación de la empresa de seguridad, Martín Menem mantiene una activa participación en otras firmas privadas. Su principal negocio particular se concentra en el rubro de los suplementos dietarios y nutricionales. Junto a su hermano Adrián, es dueño de GenTech Argentina SA, una importante compañía distribuidora de vitaminas, barras proteicas y bebidas isotónicas.

Según su última declaración jurada patrimonial (correspondiente a su alta en la función pública), Martín Menem posee el 62% de las acciones de GenTech Argentina SA, valuadas en un total de $172 millones. Esta compleja red de intereses y los movimientos accionariales previos a su asunción abren un debate sobre la ética pública y los posibles conflictos de interés en la nueva administración.