El Gobierno nacional frustró el plan de La Pampa para estatizar la distribución de gas

El proyecto impulsado por el gobernador Sergio Ziliotto para que La Pampa asumiera la distribución del gas a través de Pampetrol quedó sin chances de concretarse. El Gobierno nacional, alineado con el modelo desregulador del presidente Javier Milei, avanza con la prórroga de concesiones a empresas privadas y dejó sin margen a la propuesta provincial.

La idea de estatizar la distribución del servicio comenzó a tomar forma en 2021, cuando Ziliotto planteó que Pampetrol —la empresa energética pampeana— reemplace a Camuzzi Gas Pampeana una vez finalizada su concesión en 2026. Incluso se elaboró una hoja de ruta con el acompañamiento de cooperativas locales para estudiar un esquema público de prestación y garantizar la soberanía energética provincial.

Sin embargo, el nuevo escenario nacional cambió los planes. Con la Ley Bases aprobada en 2024, el oficialismo modificó el marco legal para ampliar las prórrogas de concesión de 10 a 20 años. En mayo de este año, el Enargas habilitó la evaluación de esas extensiones para Camuzzi y otras empresas del sector privatizado en los años 90. De concretarse, Camuzzi seguiría operando hasta 2047.

Desde Casa de Gobierno de La Pampa confirmaron que el Ejecutivo nacional ya anticipó que “va a prorrogar todo”, lo que derrumba cualquier posibilidad de llamado a licitación para reemplazar a la actual concesionaria. Además, se recordó que hace apenas días el Gobierno nacional firmó el Decreto 495/2025 para otorgar la primera prórroga a Transportadora de Gas del Sur (TGS), marcando el camino que seguirán el resto de las empresas.

Mientras tanto, desde Camuzzi defendieron su gestión argumentando que cumplieron con todas las obligaciones del contrato y que realizaron obras e inversiones relevantes para garantizar el servicio.

Para La Pampa, el contexto nacional clausura un debate estratégico que llevaba años gestándose: recuperar el control sobre un servicio clave como el gas para avanzar hacia un modelo energético más soberano, equitativo y con mayor presencia del Estado.